La Comunidad de Madrid lleva un par de años justificando
el brutal recorte de profesores interinos en la enseñanza pública con
argumentos falaces. Si el 29/12/2011, la entonces presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, decía en el Consejo de Gobierno que el interino es “alguien que entró a dedo,
que no preparó las oposiciones”; ahora es la Consejera de Educación, Lucía
Figar, quien vapulea la imagen de este cuerpo docente, acusándolo de falto de
preparación.
En el primer caso, Aguirre exhibía una sorprendente
ignorancia de los criterios de acceso a la función pública. Los profesores
interinos, como cualquier otro funcionario, hemos aprobado una oposición que consta de dos partes: las
pruebas que evalúan el conocimiento teórico y práctico del temario y una fase
de concurso, que valora los méritos alegados por el aspirante (experiencia,
becas, idiomas…). Aguirre pretendía, con esta clara, torpe y burda manipulación de datos,
confundir a la ciudadanía y legitimar los recortes que mandaron al paro a miles
de profesionales el 30 de junio de 2011.
En el segundo caso, mediante la difusión de los
resultados de las oposiciones al cuerpo de maestros de 2011, Figar ha intentado
hacer creer a la opinión pública que las calificaciones de aquellos aspirantes
que no superaron los procesos selectivos para ejercer la docencia, son extrapolables a
todos los opositores, y por extensión, al conjunto de interinos. Esta nueva
manipulación, además de engañar a la gente y de fomentar el recelo hacia un
colectivo altamente cualificado, intenta avalar un nuevo proyecto de regulación
de listas, que abre las puertas a la contratación de docentes a dedo, en cuanto se agote la lista de
los opositores aprobados.
El nuevo proyecto de baremación privilegia la nota de los
exámenes (80% del total) con respecto a la experiencia docente (15%),
investigadora y artística (0%). Díganme, ¿en qué empresa del mundo se
menosprecia la experiencia laboral en el puesto al que se aspira? Tampoco
quiero decir con esto que el antiguo porcentaje fuese mejor (un 60%). Habría
que buscar un equilibrio entre los conocimientos, la experiencia y aquellos
otros méritos que redunden en beneficio de la formación del aspirante a una
plaza en la enseñanza pública (exposiciones, estrenos, patentes, idiomas, becas,
publicaciones, cursos, premios). Quienes suspendan la oposición, quedarán
excluidos del sistema. Figar exhorta a los aspirantes a superar las pruebas.
Y yo le pregunto,
¿cuántas veces?
Porque casi todos hemos aprobado los procesos selectivos en varias ocasiones.
Si no tenemos plaza se debe a los recortes (RD 14/2012) que están destruyendo
nuestro pilar democrático.
Desmontadas las falacias de la Consejería de Educación,
restituyamos nuestra imagen.
Los profesores interinos somos licenciados e ingenieros y
estamos en posesión de un curso de aptitud pedagógica que nos habilita para la
docencia; trabajamos porque hemos aprobado la oposición, no una vez, sino
varias; la
mayoría de nosotros, además, tenemos diplomas de estudios avanzados,
doctorados, idiomas, dos titulaciones universitarias, cursos y publicaciones.
Hay quien alegará que algunos entraron en las listas hace 15 años y viven de
las rentas desde entonces, cierto, pero no por eso se debe desprestigiar al
colectivo.
El cuerpo de interinos tiene un alto grado de
cualificación. Esperanza Aguirre y Lucía Figar carecen de argumentos que
justifiquen el recorte y despido de miles de docentes. Sus razones son
ideológicas. Se supone que nuestros representantes políticos han de velar por
la calidad de la enseñanza pública, pero no es cierto, año tras año le
atornillan un clavo: la están crucificando. Sin nosotros, se degrada un
servicio básico en cualquier estado democrático.
Podemos impedirlo. Empecemos por representarnos dignamente. Tenemos el poder de
la palabra y de la acción. Actuemos.